domingo, 23 de diciembre de 2012

Ilusiones navideñas con EPN


La ventaja de tener periodos presidenciales máximos de 6 años, es que con el cambio de sexenio se renuevan las esperanzas que a lo largo de cada sexenio –y sin importar el partido en el poder- se van extinguiendo. El sexenio del Presidente Felipe Calderón en telecomunicaciones pasó sin pena ni gloria, y “sólo” logró aumentar la brecha digital para rezagar aún más a la población en desventaja económica y social. El Presidente Enrique Peña Nieto no tuvo que perder tiempo en legitimar su triunfo como sí lo hizo el expresidente Calderón cuando la ciudadanía no estuvimos convencidos de que ganara la elección frente a Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto entra con el pie derecho y aunque así no lo fuera, al menos en telecomunicaciones en unos cuantos días hemos visto más política pública que durante el desfile de Secretarios de Comunicaciones y Transportes de 2006-2012 y cuando en el ocaso del sexenio anterior Dionisio Pérez Jácome hizo lo que se debió haber hecho desde el 2007 con Luis Téllez. Leer el Pacto por México lleva a cualquiera a pensar que “ahora sí ya la hicimos”. Si se cumpliera con dicho Pacto, México sería otro. Ojalá que el Presidente Peña Nieto y su equipo lo logren, si no, será otro sexenio más de ilusiones iniciales y desprecio ciudadano al final.

El Pacto por México en telecomunicaciones trae los lugares comunes que se requieren para mejorar el sector, lo cual no es poca cosa considerando que antes ni siquiera había esa definición por parte del Ejecutivo Federal, ni del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni mucho menos de los partidos de María Cristina Díaz, de Jesús Zambrano y de Gustavo Madero. El desafío es, ¿cómo hacerlos realidad? ¿Qué hay de los lugares no comunes como la accesibilidad a las TIC por personas con discapacidad que está ausente o de la existencia de medios públicos en México? Veamos.

Se propone que la Constitución reconozca el derecho de acceso a la banda ancha (Compromiso 39). ¡Qué alegría! Pensarán los ingenuos. ¡Otra vez! Pensaremos los que vemos la realidad y recordamos que el derecho a la educación está en la Constitución desde 1917 y está en muchos tratados internacionales que obligan a México, sin que a la fecha se cumpla en términos de igualdad y calidad ese derecho. ¿Para qué sirve otro derecho junto al de la educación y la salud que sólo se convierten en retórica? Los mexicanos no queremos ya más derechos en papel, queremos acciones concretas para gozar de ellos aunque no se cataloguen como derechos. Además sorprende que el Pacto por México diga que quiere “garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial”, si en lo más fácil que es un sitio web, Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados tienen páginas de internet inaccesible a las personas con discapacidad, ¿podemos creerle a estos compromisos?

“Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta” (Compromiso 43), lo cual está bien, pero no debió de haber olvidado el Pacto por México la necesidad de fomentar la producción de contenidos independientes que incentiven la innovación y contribuyan a la pluralidad.

“México es el único país miembro de la OCDE que no cuenta con un servicio de televisión pública” (Cumbre Ciudadana), pero tampoco menciona este Pacto la siempre postergada creación de medios públicos. Porque el Canal Once, el Canal 22, Radioeducación, el IMER y demás, son medios de interés público, pero no reúnen los requisitos indispensables para que fueran considerados medios públicos de un Estado democrático. Ni qué decir de los canales de televisión de los Estados que la mayoría de las veces son medios de propaganda del gobierno en turno.

El compromiso 44 refiere a reordenar la legislación de telecomunicaciones en una sola ley, lo cual es deseable siempre y cuando se haga bien. Los intentos de reforma legislativa que pretendían reformar y/o unificar las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, fueron infructuosos y deficientes. En las iniciativas se leía entre líneas las negociaciones entre los regulados y los políticos o las concertacesiones entre legisladores y la SCT/Presidencia. La nota común era la falta de un análisis serio e integral que tuviera como premisa fundamental el buscar el interés general y aprovechar a las TIC como instrumento habilitador de la población. Después de leer muchas iniciativas, en el sector preferíamos vivir con leyes obsoletas antes de la “actualización” pretendida. ¿Cómo será esta vez?

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