La recusación del Presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, en la multa de alrededor de $1,000 millones de dólares a Telcel, se ha convertido en el tema escandaloso del verano. El debate pareciera que se tiene que decidir entre el Estado de Derecho y el evitar el debilitamiento institucional. Sin embargo, este asunto tiene muchas reflexiones de cómo debe reformarse el marco legal de los órganos reguladores y de cuál debe ser el comportamiento esperado de los comisionados, para lo cual la experiencia comparada puede servir.
Ofcom de Reino Unido es el regulador convergente de comunicaciones creada en 2002 como una entidad corporativa que rinde cuentas directamente al Parlamento. Ofcom partió del esquema tradicional gubernamental para adoptar una estructura similar a las empresas que regula. Su máximo órgano de decisión es su junta que está integrado por personas que se encargan de tiempo completo de la operación de Ofcom y de otras personas que fungen como consejeros de tiempo parcial, es decir, estos últimos a su vez tienen sus propias actividades profesionales/empresariales fuera de Ofcom. Los consejeros están sujetos a una extensa política sobre conflicto de intereses y cada uno tiene el deber de revelar en el sitio web los vínculos que tiene el/la consejero(a), su cónyuge e hijos con empresas u organizaciones (aun aquellas sin fines de lucro), toda vez que la imparcialidad, integridad y altos estándares profesionales son considerados esenciales y a toda costa se evita que cualquiera pueda sospechar que las decisiones tomadas puedan haber sido influenciadas por intereses privados. Adicionalmente, los consejeros antes de discutir cualquier asunto están obligados a declarar sobre cualquier interés directo o indirecto que puedan tener, lo cual incluye amistades personales. Los demás consejeros decidirán si el consejero con el interés puede o no participar en las discusiones y/o decisiones. La junta adoptó como principio que los puntos de vista de la minoría no serán públicos interna o externamente.
La Federal Communications Commission de EUA es el regulador convergente de comunicaciones. Por disposición legal, nunca puede haber más de tres comisionados del mismo partido político en la FCC y para ser nombrados deben de estar libres de conflictos de intereses financieros con el sector regulado. Además, está prohibido que 3 o más comisionados se reúnan para deliberar sobre algún asunto de la FCC, a menos que la reunión sea pública y convocada con 7 días de anticipación. Cada comisionado en el mismo sitio web de la FCC presenta a la opinión pública sus posturas y sentidos de su votación una vez resueltos los asuntos.
En México más por tradición que por necesidad jurídica, la Cofeco, la Cofetel y otros reguladores mexicanos tienen como portavoz único de las instituciones al Presidente del órgano, en tanto que la FCC reconoce que en la diversidad está la riqueza y que la divergencia de posturas de los comisionados es parte de la evolución democrática. De Reino Unido hay mucho que aprender de la regulación sobre conflicto de intereses para evitar asuntos del tipo Pérez Motta vs. Telcel y el fuego amigo entre los comisionados de Cofeco. Los conflictos de intereses y las animadversiones de los comisionados respecto a los agentes regulados pueden comprometer el actuar independiente y objetivo del regulador. Lo que sí parece una buena práctica es que los reguladores sean cautos en sus discursos y en lugar de guerra mediática entre comisionados, se respeten las opiniones y el legítimo derecho de cada uno a hacer públicas éstas. Lo inaceptable es que un comisionado en una votación se “abstenga” de votar, para evitar definir su posición, lo cual ya ha pasado en Cofetel por más que esté fuera de ley.
Finalmente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores deberían considerar reformas a las instituciones de los órganos reguladores mexicanos como lo ha propuesto Alejandro Faya en su libro “Fortalecer a los Reguladores” y considerar lo mejor de la experiencia de EUA y Reino Unido, porque de otra manera el fuego cruzado interno sí puede mermar a las instituciones, beneficiar indebidamente a las instituciones y afectar a la sociedad.
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