lunes, 20 de octubre de 2008

Invitación a la presentación de "DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES"


El jueves 23 de octubre a las 19 horas se presentará el libro de mi autoría Derecho de las Telecomunicaciones en el Centro Cultural Tenanitla sito en Amargura 4, San Ángel, en México, D.F. Esta obra fue publicada en coedición de Miguel Ángel Porrúa y la Cámara de Diputados. Derecho de las Telecomunicaciones busca difundir conocimiento en la materia presentando los principios técnicos, económicos y jurídicos más relevantes de las telecomunicaciones en la experiencia internacional y nacional, incluyendo las interpretaciones del Poder Judicial Federal. El libro será presentado por el diputado federal José Alfonso Suárez del Real, el comisionado Rafael del Villar de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el comisionado Flores Bernés de la Comisión Federal de Competencia.

Televisión móvil, ¿es el futuro?

La convergencia tecnológica y los nuevos servicios de telecomunicaciones -hasta hace algunos años impensables-, son la llama que está avivando el fuego en una especie de euforia por la televisión móvil. Se estima que ésta tendrá en un par de años alrededor de 700 millones usuarios en el mundo con su derrama económica tanto para los fabricantes de equipos y operadores de telecomunicaciones como para los productores de contenidos. Pero, ¿qué es esto de la TV móvil que parece prometer la bonanza a todos, en una suerte de etapa final de la revolución electrónica?

La TV móvil es el servicio inalámbrico de transmisión de contenido televisivo, que –a diferencia de la TV tradicional-, está caracterizada por la movilidad e interactividad. Además, la TV móvil puede difundirse del operador que transmite contenidos a un suscriptor (unicast o Video on Demand), a varios suscriptores (multicast) o a todos los usuarios (broadcast). Los equipos para recibir TV móvil van desde teléfonos celulares y PDAs hasta laptops y televisores en los automóviles.

Las redes de telecomunicaciones que pueden prestar TV móvil son las celulares (p. ej., red 3G) o las de radiodifusión. Y como todo en la vida, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Si se utiliza la red de celular 3G se aprovecha la infraestructura existente, pero la TV móvil acapararía gran parte de la capacidad de la red (banda ancha) lo que implicaría menor calidad de servicio (p. ej., de voz) o menor velocidad (p. ej., acceso a Internet). Además, pocos celulares están equipados con el hardware y software que permitirían recibir la señal de TV. Las redes de radiodifusión tendrían la ventaja que se instalaría una red dedicada para la TV móvil, sin embargo, esto precisa fuertes inversiones de capital.

Dejando atrás los inconvenientes técnicos, existen muchas cuestiones legales y regulatorias que surgen para la TV móvil. ¿Es un servicio de radiodifusión como la TV abierta? ¿Es un servicio más parecido a la TV de paga? En México, ¿cómo lo va a definir la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Si se equipara a radiodifusión, entonces no existirá inversión extranjera. Si se reputa como TV de paga, ¿tendrá ingerencia la Secretaría de Gobernación en cuanto a publicidad y contenidos? ¿Cuál será la postura de la Comisión Federal de Competencia en cuanto a posibles integraciones verticales de productores de contenido y prestadores del servicio de TV móvil? ¿Se liberará espectro de la banda de 700 MHz (canales 52 a 69) para la TV móvil?

Estas preguntas sin respuesta en México, han sido abordadas en la Unión Europea en la que se considera que cuando un servicio de televisión (p. ej., bajo demanda) tiene la intención de recibirse por el público en general y compite por la misma audiencia, entonces el usuario europeo tiene una expectativa de protección similar a la TV abierta. Por tanto, se requiere tener regulación -menor que para la TV abierta-, que promueva la producción europea y la diversidad cultural, entre otros.

Mi pronóstico es que la TV móvil será una necesidad para unos cuantos y un lujo inaccesible para la mayoría. Lo cierto es que en un intento por encontrar el nuevo servicio tipo killer application, la TV móvil será un tema de discusión obligado.

Maestros, ¿sustituibles?

Nada podrá sustituir a maestros buenos y comprometidos. Con profundo cariño y gratitud recuerdo a los míos. Pero cuando los maestros por problemas con las autoridades les niegan a los niños y adolescentes el derecho a la educación, ¿se podrán sustituir?

Maestros de Morelos dijeron que “están dispuestos a reanudar el diálogo con las autoridades, pero sin aceptar imposiciones pues los acuerdos se deben tomar sin afectar a ninguna de las partes involucradas” (El Universal). ¿Han pensado en que la parte más importante y la razón de ser misma de los maestros son los estudiantes? Esa parte que cada día que pasa está afectada por los maestros renuentes a exigir su derecho a manifestarse al tiempo de cumplir con su deber superior de impartir clases. Los afectados no son ni la Secretaría de Educación Pública, ni el Gobierno Federal, ni el estado de Morelos sólo, sino todos aquellos a los que a diario se les priva del más esencial derecho para formarse como personas autónomas, que construyan un país democrático.

“La educación primaria es esencial. Desarrolla algunas de las capacidades más básicas para el desarrollo humano. Y crea una base de conocimientos de aritmética y de alfabetismo que permite a las personas ser más innovadoras y creativas … Incrementar la cantidad de educación no es suficiente, porque es el bajo nivel de las escuelas secundarias que lleva a los países a tener tasas de terminación bajas en muchos países” (Human Development Report 2001, ONU). ¿Quién ayudará a México en educación de calidad y no sujeta a las vicisitudes políticas? ¡Las tecnologías de la información y comunicaciones son un instrumento perfecto!

Las telecomunicaciones, los equipos de cómputo y el Internet con contenidos adecuados, pueden suplir la ausencia temporal de maestros y también apoyar a éstos en elevar el nivel educativo. Anunció la Secretaria Vázquez Mota que utilizarían la televisión y el Internet en las aulas para evitar que los estudiantes pierdan el ciclo escolar. Quizá una tragedia como el paro escolar de Morelos, se convierta en una oportunidad para que el gobierno federal y los estatales aprovechen las tecnologías en la enseñanza. En otros países cuyas economías son débiles y que han vivido por años en inestabilidad social, sí ocupan las tecnologías de la información y comunicaciones para la educación con excelentes resultados. Incluso está el “ICT-in-Education Toolkit” accesible públicamente en www.ictinedtoolkit.org para ayudar al diseño de políticas públicas en educación.

Sin embargo, al anunciar el Presidente Felipe Calderón el programa para impulsar el crecimiento y el empleo, ninguna palabra sobre telecomunicaciones. Se modernizarán las carreteras, se construirá una refinería, etcétera. Pero, ¿por qué negarnos a aprender de la experiencia comparada en donde las políticas de inversión gubernamental apuntan a la construcción de autopistas de la información? De hacerlo, se beneficiarían no sólo la economía y el empleo, sino también la educación, la salud y la democracia. ¿Habrá algún día una política de banda ancha y acceso universal a Internet para los mexicanos? O quizá México quiera continuar con políticas del siglo pasado. Lo lamentable -al igual que el paro de maestros-, es que el tiempo pasa y veremos a otros países crecer gracias a las telecomunicaciones mientras México espera a cambiar de mentalidad.

Cajón de sastre. Se ha creado la Fundación para la Libertad de Expresión para promover y defender la libertad de expresión, el derecho de réplica y el derecho a la información, así como para asistir jurídicamente cuando hayan sido violentados o estén en riesgo de serlo. La Fundación se presentará el 16 de octubre próximo en el Palacio de Minería y en dicho evento también se realizará el lanzamiento de la revista Transparencia y Corrupción. Transparencia y Corrupción mensualmente revelará hechos de interés general sobre el ejercicio del poder público con datos duros, con el compromiso de consolidar el periodismo de hechos y no de dichos.

¿Por qué el temor de los empresarios?

Las acciones colectivas habían estado durmiendo en México aun cuando son esenciales para el respeto a derechos fundamentales, el acceso a la justicia, la mejora de las relaciones consumidor-proveedor y la protección de intereses difusos como el medio ambiente. El Senado -con el apoyo de miembros del Poder Judicial Federal, de la academia y de la sociedad civil-, desde 2007 ha trabajado intensamente para hacer realidad las acciones colectivas a través de reformas constitucionales y legales. Existen dos iniciativas, una del senador Murillo Karam y otra del senador Juan Guerra. Pero ¿por qué tanta resistencia del sector empresarial y de la administración pública federal? ¿Será que una sociedad civil organizada es de temerse?

Las acciones colectivas facultan a los consumidores a asociarse para hacer valer sus derechos, sin importar si el monto individual es reducido. La ausencia de acciones colectivas equivale a negar el acceso a la justicia. Veamos los puntos críticos de las propuestas de reforma.

1. Pago para acceder a la justicia. El sector empresarial propone –contrario a nuestra Constitución- que para poder iniciar una acción colectiva se dé una garantía “para responder por gastos y costas que se generen en juicio”. Digamos que la justicia se reservará para los que puedan dar una garantía suficiente, los demás que se aguanten sin justicia, ¿pues no estamos acostumbrados a eso? Lo que llama la atención es la oposición a que los particulares podamos organizarnos y defender nuestros derechos de manera colectiva, ¿por qué poner requisitos que no existen en otros tipos de juicios?
2. Obligatoriedad de conciliación previa a juicio. Seguramente el sector empresarial ya se dio cuenta de lo ineficaces y tardados que son los procedimientos de conciliación y arbitraje tanto en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor como en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Por eso ha de ser que ahora proponen que antes de ir a juicio en una acción colectiva, la sociedad civil tenga que pasar –perder su tiempo- con un mecanismo alternativo de resolución de controversias.
3. Consumidores organizados. Aunque nuestra Constitución protege el derecho de asociación y obliga a propiciar la organización de consumidores para la defensa de sus intereses, la oposición del empresariado en un documento que aparece como observaciones del CCE (Consejo Coordinador Empresarial) señala que “El CCE sugiere que las asociaciones civiles estén legitimadas para promover únicamente pretensiones de orden declarativo (hacer, no hacer o dejar de hacer) y sin fines económicos”. ¡Qué maravilla! Sociedad civil unida para defender sus intereses… bueno, siempre que no se incluyan derechos económicos o que no se esté defendiendo su patrimonio. ¿Aceptarían los empresarios realizar un juicio contra uno de sus proveedores para el sólo efecto de que el juzgador les dijera que tienen la razón sin recibir el pago que se les adeuda?
4. Número de consumidores. El acceso a la justicia con acciones colectivas se quiere limitar a si son 50 o más consumidores. En esencia, si son muchos, entonces sí se respetará su derecho de acceder a la justicia, si son pocos, no tienen este derecho.

Las observaciones que aparecen como de la Administración Pública Federal, quien ha participado a través de la Profeco, Condusef y Procuraduría Fiscal Federal, son sorprendentes. ¿A quién defiende? Después de reconocer que es un mecanismo eficaz y equitativo, su texto más bien parece representar los intereses del sector privado y no el interés público. ¿Resistirán los legisladores las presiones del empresariado y, de quien pudiera ser su aliado, el Poder Ejecutivo Federal?

México está ante una oportunidad única de fortalecer a la sociedad civil y garantizarle el acceso a la justicia. Dejemos atrás las prácticas del antiguo régimen que anulaban la organización social. Todos –empresarios, profesionistas y trabajadores-, somos ciudadanos y consumidores.