Inundaciones, terremotos, huracanes, tsunamis, incendios, erupciones volcánicas, filtración de sustancias peligrosas... No es una profecía de Nostradamus, sino lo que se está viviendo en nuestro planeta. Sea el calentamiento global, sea negligencia humana o sean los ciclos de la Tierra que no alcanzamos a comprender (recordemos que los dinosaurios desaparecieron sin haber destruido el medio ambiente como lo ha hecho el ser humano), lo cierto es que catástrofes ha habido siempre y seguirán habiendo. Los impactos en la sociedad y economía son de tal trascendencia en especial en países en desarrollo y zonas marginadas que las Naciones Unidas ha designado el segundo miércoles de octubre de cada año como el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales a fin de difundir cómo reducir, prevenir, mitigar y estar preparados para los desastres naturales.
Justo en medio de una catástrofe es cuando más se requieren las telecomunicaciones para evitar mayores daños, para reunir familias, para canalizar ayuda, etc. Recordemos que después del terremoto de 1985, además de las irreparables pérdidas humanas, las comunicaciones telefónicas se afectaron severamente. En ese momento en que era imposible hacer llamadas de larga distancia, los radioaficionados prestaron una labor silenciosa, altruista e invaluable llevando mensajes de seres queridos y de noticias, de antena en antena, a través de toda la República Mexicana.
A nivel internacional se ha hecho hincapié en que cada país tenga un plan de comunicaciones para situaciones de emergencia, además de prever la protección de infraestructura crítica como pueden ser aquellas del sistema eléctrico. En México, ¿cuál es el plan para comunicaciones en situaciones de emergencia? ¿Existe uno coordinado por el Sistema Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los principales proveedores de telecomunicaciones?
Cada concesión de telecomunicaciones –en principio-, obliga a sus titulares a que ante una emergencia “el Concesionario proporcionará los servicios indispensables que indique la Secretaría en forma gratuita por el tiempo y en la proporción que amerite la emergencia”. Ese compromiso de las empresas de telecomunicaciones parece un cheque en blanco de que van a proporcionar servicios gratuitos por el tiempo que la SCT lo establezca, pero dista mucho de ser siquiera una pieza de rompecabezas para formar un plan de comunicaciones en situaciones de emergencia. ¿Será que en el momento de una emergencia se tratarán de juntar todas las piezas del rompecabezas? Ojalá que no sea así. No esperemos como Tailandia a que nos suceda un tsunami para empezar a desarrollarlo.
A partir del tsunami de diciembre de 2004, se ha generado una alerta sobre la necesidad de tener planes para comunicaciones en situaciones de emergencia. No es extraño que el Convenio internacional de Tampere sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe que data de 1998, entrara en vigor en enero de 2005, dos semanas después del tsunami gracias a que 30 países lo ratificaron.
El Convenio de Tampere busca la cooperación entre los Estados y las entidades no estatales para facilitar el uso de recursos de telecomunicaciones en casos de desastre. De tal suerte que en estos eventos se desplieguen oportunamente equipos de comunicaciones terrestres y satelitales, se comparta información sobre peligros para la salud y se instalen recursos de telecomunicaciones para usos de organizaciones de asistencia humanitaria. Conforme al Convenio, el Estado en el que exista la catástrofe, permitirá a las organizaciones de asistencia proveer servicios de telecomunicaciones, exentándolos de tarifas de importación de los bienes y equipos de telecomunicaciones. México aún no ha suscrito el Convenio de Tampere por diversas razones que valdría la pena comentar en otra ocasión.
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