La Comisión Federal de Telecomunicaciones anunció que ha enviado a la Secretaría de Comunicaciones su propuesta de licitaciones para otorgar concesiones para el uso de diversas bandas de frecuencias. Más que un asunto técnico, es uno de política pública porque el decidir si un bien de dominio público será de uso libre (uso gratuito y por el público en general) o si se otorgarán concesiones (uso exclusivo por un particular), tiene consecuencias económicas y sociales. Históricamente se ha administrado el espectro por medio de concesiones y parámetros técnicos para evitar interferencias. Hoy la evolución tecnológica posibilita que se presten múltiples servicios, incluso de manera simultánea a título primario y secundario.
La Unión Europea está revisando sus políticas para una mayor eficiencia en el uso del espectro, dentro de las cuales prevé extender el uso libre (licence-exempt) a más bandas de frecuencias, y desarrollar tecnologías inteligentes (smart o cognitive radio) que permitan mayor flexibilidad. Por eso continúa la discusión de si “Los derechos concesionados o propietarios sobre el espectro limitan la libertad creativa de los procesos productivos de una sociedad, y por ende, su desarrollo” (Adriana Camarena, Reforma).
Llama la atención que Cofetel pretenda licitar la banda de 1.9 GHz (acceso inalámbrico por la cual se presta el servicio de celular) si hace menos de 2 años se realizó la anterior licitación. Antes de licitar nuevamente, Cofetel debe verificar si los actuales concesionarios están utilizando el espectro en todo el país y, si alguno aún no ha iniciado la prestación de servicios en cierta región, debe revocar esa concesión. ¿Ya realizó Cofetel esa supervisión? ¿Cuál es la utilización efectiva de dicha banda? ¿Existe necesidad de otorgar más espectro a los actuales concesionarios o se tiene certeza de que ingresarán nuevas empresas a desplegar red y competir? Recuérdese que (1) las concesiones representan una barrera de entrada, y (2) el sector de telecomunicaciones está en una etapa de fusiones y formación de alianzas estratégicas, más que en una de ingreso de nuevos competidores.
Existe la creencia de que las licitaciones eliminan la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Si bien las licitaciones son mecanismos transparentes que reducen la discrecionalidad, ésta se ejerce por la autoridad al diseñar las bases de licitación y dichas decisiones tienen un fuerte impacto, por ejemplo, cuál será el plazo de la concesión y el área de cobertura, existirá uso a título secundario, se incluirán derechos del consumidor y un plan de medidas para personas con discapacidad (¿o lo suprimirán?).
En cuanto a la contraprestación a que tiene derecho el Gobierno Federal conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, éste no ha logrado recaudar lo que debiera debido a las impugnaciones de los concesionarios. En la licitación de la banda 1.9 GHz de 2005, las autoridades hacendarias y de comunicaciones establecieron el pago de la contraprestación a plazos con la finalidad de que los concesionarios la fueran pagando a lo largo de la vida de la concesión y evitar que se descapitalizaran de tal suerte que tuvieran recursos para desplegar su red lo más rápido posible. Telcel, Movistar y Iusacell aceptaron expresamente ese tipo de contraprestación durante el proceso de licitación, sin embargo, una vez que recibieron su concesión, presentaron sendos amparos contra la misma. El resultado puede llegar a ser que después de años de litigios, se les tenga que devolver lo que han pagado como contraprestación con intereses y actualizaciones en detrimento del Erario y de todos los mexicanos. En conclusión, se les habrían otorgado concesiones para el uso de bienes públicos que, tras los litigios, se convertirían en exclusividades a dichas empresas de manera gratuita. Por eso, ¿es adecuada la decisión de otorgar concesiones o mejor debieran declararse bandas de uso libre?
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