miércoles, 18 de abril de 2007

Las leyes de la ciudad

Sócrates pudiendo evadir su condena, bebió la cicuta aun cuando sabía que la pena era injusta, pero lo prefirió antes que desobedecer las leyes de la ciudad. La Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos (LFRSP) señala que las personas que dejen de ser servidores públicos deberán abstenerse por un año de realizar ciertas conductas con la finalidad de incentivar la imparcialidad durante su encargo y evitar potenciales conflictos de intereses (p. ej., abstenerse de recibir donaciones o dinero, de comprar bienes por debajo del precio de mercado o de trabajar para las personas sujetas a su supervisión).

Al publicarse la denominada Ley Televisa el 11 de abril de 2006 que por su contenido favorece a ciertos grupos corporativos, menoscaba la rectoría del Estado en cuanto a bienes de la Nación (espectro radioeléctrico), debilita las facultades de la autoridad y perjudica en general a los habitantes de la República Mexicana por la afectación democrática derivada de la concentración de medios, los entonces comisionados que integrábamos el órgano de decisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) presentamos nuestra renuncia en protesta de esa ley en extremo negativa para el interés general. A partir de ese momento comenzaba el periodo de un año en el que la LFRSP nos prohibía, entre otros, tener relaciones profesionales con cualquier persona cuyas actividades estuvieran vinculadas con las telecomunicaciones.

La prohibición en general tiene su razón de ser, es decir, que el servidor público se abstenga de comenzar a buscar empleo entre las personas que están sujetas a sus decisiones y de esta manera se comprometa su imparcialidad. Se puede pensar que estas prohibiciones de tipo laboral van contra el artículo 5 de la Constitución General al impedir que una persona “se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode”. Sin embargo, no se está prohibiendo al ex–servidor público que trabaje, sino que simplemente no lo haga con los que estuvieron sujetos a su potestad.

Por ello despertó mucha polémica cuando el anterior Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, aceptó formar parte del consejo de administración del banco que indirectamente controla a HSBC en México, siendo que éste está sujeto a la regulación y supervisión de dicha Secretaría. Pero distingamos las circunstancias del caso. Los comisionados de Cofetel, independientemente de si en el origen son ingenieros, economistas o abogados, su especialidad son las telecomunicaciones. En España y Francia, a los que dejan de ser comisionados se les otorga durante el periodo de prohibición de 2 y 3 años respectivamente, una pensión equivalente a cierto porcentaje de su salario. En E.U.A., la prohibición no es tan amplia como la de México lo que permite que los ex–comisionados puedan continuar en su área de telecomunicaciones.

La LFRSP no distingue entre servidores públicos. Sin embargo, por poner un ejemplo, las consecuencias equivalentes en el caso de un pediatra serían exigirle que durante un año se abstuviera de atender a niños y se dedicara a cualquier otra área de la medicina. Los que ocuparon algún puesto de comisionados de Cofetel antes de 2003, no cumplieron con la prohibición de abstenerse de recibir cargos o comisiones de los que estaban sujetos a su autoridad. Quizá porque interpretaron que dicha disposición es inconstitucional o que en el caso concreto sería tanto como privarles de su ejercicio profesional. Considero que para determinados puestos en órganos reguladores especializados (bancaria y de valores, energía, telecomunicaciones), como en otros países, las leyes particulares debieran establecer un régimen que garantizara la independencia de los servidores públicos sin menoscabo de su ejercicio profesional en su especialidad. De cualquier manera, aun cuando aplicadas al caso concreto pueden llegar a ser injustas, he cumplido con las leyes de la ciudad.

Consulta Ciudadana

Siempre queda la duda de si la participación ciudadana en foros de consulta es un mero trámite o si efectivamente es tomada en cuenta. En estos momentos el Gobierno Federal está realizando la consulta ciudadana para el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (“PND”). El PND es un documento que en esencia establece las políticas públicas que seguirá el Gobierno Federal durante el sexenio de que se trate, debiendo ser, por mandato expreso de la Constitución, democrático e imprimir equidad al crecimiento de la economía, entre otros. El PND debe considerarse un instrumento objetivo para la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal, toda vez que el ciudadano encuentra en él los objetivos, estrategias y metas de lo que debe ser la actuación gubernamental.

Las aspiraciones y demandas de la sociedad deben incorporarse al PND conforme al artículo 26 de la Constitución y en ese sentido el Gobierno Federal realiza la consulta ciudadana. El cómo se lleva a cabo ésta y la manera de incorporar las propuestas en el PND reflejan mucho el estilo del Presidente en turno. Actualmente, la existencia de una consulta ciudadana ha estado presente en diversos medios. En cuanto a la información en las páginas de Internet, la de Presidencia de la República en lenguaje sencillo explica la razón de ser de la consulta y su finalidad, además de que invita a la participación ciudadana por diversos medios como el correo (ordinario y electrónico) y el teléfono con números gratuitos desde la República Mexicana y E.U.A. Adicionalmente, informa en qué lugares se realizarán foros presenciales y virtuales.

Ahora bien, destaca que no todas las secretarías de Estado realizarán consultas (o al menos no hay información en las páginas de Internet) como la del Trabajo y Previsión Social. ¿Será por qué el ámbito de su competencia no está directamente relacionado con el desarrollo nacional? De ninguna manera, la Secretaría de Marina también llevará a cabo foros de consulta en al menos 6 ciudades portuarias del país para conocer las propuestas para contribuir al desarrollo marítimo nacional. Además de que el tema laboral es de los más trascendentes para el desarrollo social y económico del país.

El caso de la Secretaría de Energía es especial porque realizará la consulta, pudiendo los ciudadanos “participar” pero de manera pasiva porque se realizará por entrevistas y “se publicará la convocatoria en la página de Internet de la Sener para que el público general pueda asistir”. De la información disponible al 31 de marzo, no se sabe cuál será el criterio de la Sener para seleccionar a los entrevistados. Quizá se requiera tener alguna especialidad o no representar los intereses de una empresa (¡ojalá!). Independientemente de ello, quizá como ciudadano de a pie nuestras opiniones en materia energética no aporten mucho, pero como mexicanos creo que sería bueno haber tenido la posibilidad de hacer propuestas.

En cuanto al sector comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó un foro de consulta en la ciudad de México y algunos otros en ciertas entidades federativas. La participación fue variada desde académicos, consultores y una asociación de consumidores, hasta servidores públicos y representantes de la industria. En dicho foro realicé propuestas concretas para el PND y el programa sectorial respecto a la accesibilidad a las comunicaciones por personas con discapacidad y a las comercializadoras de servicios. Usted puede consultar dichas propuestas en telecomysociedad.blogspot.com.

Las consultas públicas requieren del compromiso y de la participación activa de la sociedad. A nivel responsabilidad ciudadana me parece que es injustificado decir “no participo, porque no me toman en cuenta”. Para poder exigir, es necesario cumplir nuestra parte. Es indispensable dejar la actitud tan cómoda de la pasividad, para asumir la responsabilidad como ciudadano de realizar crítica constructiva y de generar propuestas a las autoridades.

México: Promotor Internacional (Personas con Discapacidad)

El primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la cual México fue activo promotor bajo el liderazgo de Don Gilberto Rincón Gallardo. El 30 de marzo pasado, primer día para que los países se adhirieran a la Convención, más de 70 lo hicieron. Para México sólo queda pendiente la ratificación por el Senado para que se convierta en parte de la Ley Suprema de nuestro país. A partir de ese momento los derechos contenidos en la Convención serán parte de los derechos fundamentales de los habitantes de la República Mexicana que tengamos alguna discapacidad temporal o permanente.

La finalidad de esta Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Los principios aplicables son el respeto a la dignidad, la autonomía e independencia de las personas, la no discriminación, la participación en la sociedad, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, entre otros.

La Convención al tiempo que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, establece diferentes obligaciones activas para los países y en algunos aspectos requerirá también de la participación del sector privado. Adicionalmente, aborda el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad a las tecnologías de información y comunicaciones. Si bien es cierto que dicha accesibilidad se había reconocido en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la Convención será el primer instrumento con fuerza vinculatoria.

Es importante recordar que la efectividad de la Convención no está en su texto, sino en su realización efectiva. Considero que en México se deberán realizar diversas reformas legales y administrativas a nivel municipal, estatal y federal. El camino nunca está libre de obstáculos y, aun cuando muchas personas reconocen la necesidad del cambio, en la práctica se da mucha resistencia.

México también ha sido líder a nivel internacional en cuanto a telecomunicaciones accesibles para personas con discapacidad. En la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones celebrada en Doha en 2006, fue la delegación mexicana -de la que orgullosamente formé parte-, quien logró que se estableciera este tema en la agenda mundial. Por una parte, el Plan de Acción de Doha estableció la accesibilidad por personas con discapacidad como una iniciativa especial global de los Estados Miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que implica que los seis programas (reforma regulatoria, desarrollo de infraestructura, recursos humanos, entre otros) deben prever acciones relacionadas con las personas con discapacidad.

Por otra parte, se creó una cuestión de estudio que deberá producir para la próxima Conferencia Mundial en 2010 un reporte que proporcione recomendaciones sobre las políticas públicas necesarias para que las telecomunicaciones sean accesibles a personas con discapacidad. Ello debe incluir el identificar (i) acciones para implementar servicios y soluciones para el acceso, (ii) las mejores prácticas para los prestadores de telecomunicaciones, (iii) cuál es el acceso mínimo a servicios de telecomunicaciones, (iv) un calendario para el desarrollo de estrategias y acciones, así como (v) los costos de las soluciones técnicas disponibles.

Se ha avanzado mucho al colocar el tema en la agenda mundial y con el tiempo esperemos que se convierta en prioritario de la agenda nacional. Los esfuerzos dentro de la UIT ciertamente contribuirán a los objetivos de la Convención. Los retos serán constantes para transformar las telecomunicaciones en accesibles a todos, independientemente de la discapacidad. En lo personal me comprometo a continuar con mi granito de arena en este tema, ¿nos ayuda con el suyo?